Bananas y sangre: la multinacional Chiquita debe pagar una indemnización de 38 millones de dólares por haber financiado a los escuadrones de la muerte colombianos

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman, con Juan González.

Terminamos el programa de hoy con un fallo histórico en un caso que buscaba hacer rendir cuentas a una importante corporación de EE.UU. por sus vínculos con abusos contra los derechos humanos en otro país. El lunes 10 de junio, en Florida, un jurado federal ordenó a Chiquita Brands International pagar más de 38 millones de dólares como indemnización para las familias de ocho hombres colombianos que fueron asesinados por paramilitares que Chiquita financió. El gigante bananero se declaró culpable anteriormente de pagar al grupo paramilitar de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC, 1,7 millones de dólares de 2001 a 2004, según Chiquita, con el objetivo de obtener protección para sus trabajadores. Las AUC han sido encontradas responsables de cometer abusos masivos contra los derechos humanos y asesinatos de civiles de 1997 a 2006. Los fiscales federales de EE.UU. argumentaron que el apoyo de Chiquita a las AUC fue, y cito textualmente, “prolongado, constante, y sustancial”. Esta es Raquel Sena, viuda de uno de los trabajadores agrícolas asesinados, reaccionando a la decisión del jurado.

RAQUEL SENA: Uno la muerte de él nunca la va a superar. […] Yo quiero que Chiquita Brands nos reconozca, porque ellos eran los que le pagaban a esa gente que mataron a la gente acá.

AMY GOODMAN: Mientras tanto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió a la sentencia con una publicación en X en la que preguntó: ¿Por qué la justicia de EE.UU. pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”. Chiquita es uno de los mayores productores de bananas del mundo y dice que piensa apelar el veredicto del jurado.

Para más información, nos acompaña Marco Simons, asesor general de EarthRights International y parte del equipo legal que representó a los demandantes en este caso contra Chiquita. Simons nos acompaña desde Washington D.C., a donde acaba de regresar desde Florida.

Bienvenido a Democracy Now!, Marco, ¿puede comenzar detallando lo que el jurado dictaminó, quiénes eran estas familias, y cuál es el contexto político en torno a Chiquita? En última instancia, no se trata solo de lo que hizo Chiquita en Colombia —Chiquita, que antes era United Fruit—, sino en toda América Latina y en Centroamérica en particular.

MARCO SIMONS: Sí, gracias.

El jurado en este caso dictaminó que Chiquita era responsable de financiar a los escuadrones de la muerte paramilitares de las AUC durante un periodo de al menos siete años, y halló que Chiquita no podía justificar, en el sentido legal de la palabra, el hacer esto, y que esta financiación contribuyó a las muertes de los familiares de los demandantes en cuestión en este caso. Y lo que es más importante, el jurado también rechazó específicamente la defensa que Chiquita había presentado, cuyo argumento era que estaban siendo extorsionados y estaban bajo coacción, y que, básicamente, estaban haciendo estos pagos con el fin de salvar vidas. El jurado dictaminó que Chiquita no cumplió con ninguno de los requisitos para argumentar una defensa por coacción. Descubrieron que Chiquita no estaba ante una amenaza inminente, que, esencialmente, Chiquita de forma voluntaria se puso en una posición en la que debía hacer estos pagos, y que [el jurado] halló que Chiquita tenía otras opciones aparte de hacer estos pagos. Entonces, incluso si uno acepta el argumento de Chiquita de que fueron esencialmente forzados a hacer estos pagos, eso no es una excusa legal para evadir su responsabilidad en este caso. Ahora bien, no creemos que ese fuera el caso. Creemos que la evidencia que fue presentada ante el jurado demostró que, esencialmente, Chiquita tenía una asociación con los paramilitares, que pagaban voluntariamente a estos grupos con el fin de proteger a Chiquita de las guerrillas de izquierda y esencialmente para pacificar el entorno operativo en la región bananera de Colombia.

Es importante tener en cuenta que estas ocho muertes representan solo el comienzo de la potencial responsabilidad legal de Chiquita por su conducta, no el final de la misma. Estas muertes representan menos del 1% de las demandas por homicidios que han sido presentadas contra Chiquita en los tribunales de EE.UU. Hay miles de demandas que se han presentado. Y si haces los cálculos en base a este veredicto, la potencial exposición de Chiquita en posibles juicios futuros en relación a más víctimas puede ser de miles de millones de dólares. Entonces, creemos que esto es una tremenda victoria. Estamos muy satisfechos por el veredicto del jurado y por su servicio durante más de seis semanas de juicio con más de 60 testigos y miles de páginas de evidencia. Pero esto es solo el comienzo del camino judicial para que Chiquita pague por sus actos. Lo que también quiero decir....

AMY GOODMAN: Y…

MARCO SIMONS: Sí, adelante.

JUAN GONZÁLEZ: Lo siento, Marco. Quería preguntarle si podría hablar sobre cuando en 2007 Chiquita se declaró culpable de cargos penales, lo que básicamente allanó el camino para este caso.

MARCO SIMONS: Sí. En 2007, Chiquita se declaró culpable de un delito federal por realizar esencialmente transacciones financieras a una organización terrorista, la cual era los paramilitares de las AUC, algo prohibido por la ley federal de EE.UU. Y pagaron una multa de 25 millones de dólares en ese momento, pero nada de ese dinero se destinó a las víctimas de sus acciones.

Luego, ese mismo año, presentamos una demanda. Y durante los últimos 17 años, hemos estado intentando obtener justicia, junto con media docena de bufetes de abogados diferentes que también representan a clientes contra Chiquita. Así que este es el primer paso para ver que se haga justicia.

El enjuiciamiento federal de Chiquita era un paso importante en este proceso, pero no es necesariamente la base para estas demandas. La base de las demandas es la conducta de Chiquita durante más de siete años durante el conflicto armado colombiano. Por lo tanto, es una parte importante del contexto. Chiquita es esencialmente un delincuente convicto, y en la declaración de culpabilidad admitieron los elementos esenciales de su conducta, que ha dado lugar a su responsabilidad legal en este caso. Pero ha habido muchos litigios, en estos 17 años que han pasado desde entonces, que nos han llevado hasta este punto.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Podría hablar sobre la historia de Chiquita? Obviamente, Chiquita es la antigua United Fruit Company, tal vez la primera gran multinacional estadounidense en América Latina, pero tiene un infame historial de escándalos y actividades encubiertas en toda la región.

MARCO SIMONS: Sí, ya saben… Estoy seguro de que no tenemos tiempo para repasar la historia completa de United Fruit Company en América Latina, pero basta con decir que es probablemente la empresa que, en la mayor parte del siglo XX, estuvo más asociada con el imperialismo estadounidense en América Latina. Y de hecho, uno de los propios documentos de Chiquita… cuando estaban considerando comprar plantaciones en Colombia a finales de la década de 1980, uno de sus propios documentos dice que a todos los escolares colombianos se les enseñaba esencialmente que Chiquita estaba asociada con el imperialismo yanqui y el mejor ejemplo de eso está en Colombia.

Una de las cosas que creo que es notable aquí es que estas familias colombianas, la mayoría de las cuales vive esencialmente en los márgenes de la vida económica en Colombia —estas personas son trabajadores agrícolas de la Colombia rural— han logrado, a través del sistema de justicia estadounidense, pararse en igualdad de condiciones frente a esta gran corporación multinacional, que ha sido una de las empresas más influyentes en América Latina durante muchas décadas, y prevalecer sobre Chiquita en este proceso judicial. También hay procesos judiciales en curso en Colombia. Hay un proceso de justicia transicional y asunción de responsabilidad que lleva ya muchos años con relación al rol de las corporaciones y otros actores en avivar el conflicto armado en Colombia. Y una de las cosas en las que el sistema de justicia estadounidense, cuando funciona, es particularmente bueno es en responsabilizar a las empresas por sus contribuciones a lesiones extremas. Y creemos que esta es la primera vez que un jurado estadounidense ha encontrado responsable a una corporación por su implicación en graves abusos contra los derechos humanos fuera de Estados Unidos. Así que es un paso importante al respecto. No es la primera vez que una corporación ha tenido que pagar indemnizaciones en demandas de este tipo. Lo que ocurre es que la mayoría de las corporaciones han preferido resolver estos pleitos antes de ir a juicio. Y creo que este veredicto del jurado muestra que esas corporaciones actuaron de forma inteligente al hacer eso, porque el jurado rechazó totalmente los argumentos de la defensa de Chiquita en este caso.

AMY GOODMAN: Siento que estoy hablando con dos expertos aquí: Marco Simons, de EarthRights, profundamente involucrado en este caso que fue tratado en una corte en Florida, y Juan González, copresentador de Democracy Now!, autor de “La cosecha del Imperio: historia de los latinos en EE.UU.”, ambos hablando sobre esta historia. La compañía predecesora de Chiquita, United Fruit, fue responsable del derrocamiento de Jacobo Árbenz, presidente de Guatemala elegido democráticamente, en 1954, y luego pasó a llamarse Chiquita. Y este es un asunto bipartidista en Estados Unidos. Quiero ir un poco hacia atrás. En noviembre de 2008 entrevistamos al periodista colomboestadounidense Mario Murillo y hablamos sobre la relación de Eric Holder con Chiquita como su abogado defensor. En ese entonces, Holder estaba siendo considerado —y, por supuesto, fue nombrado después— por el presidente electo Barack Obama para el cargo de fiscal general. Este es Mario.

MARIO MURILLO: Eric Holder actualmente representa a Chiquita Brands International en su defensa contra decenas de demandantes aquí en Colombia, familias trabajadoras que fueron blanco de paramilitares financiados con hasta 1,7 millones de dólares en los últimos años. Eso es un gran escándalo. Y si este tipo se convierte en el fiscal general del Gobierno de Obama, entonces va a ser muy difícil que se haga justicia en este proceso en Estados Unidos.

AMY GOODMAN: Estoy leyendo un artículo de The Guardian, publicado en 2008. El titular era “El problema bananero de Obama”. Marco Simons, ¿puede hablar sobre esta defensa de Chiquita, que va muchos años atrás, y los cálculos que hacían en caso de que tuvieran que pagar millones de dólares, diciendo que ese era un precio que pagarían para continuar su trabajo en Centroamérica, porque sus ganancias superan esas cifras? Pero también, ¿puede hablar sobre el precio que, por ejemplo, la población colombiana pagó?

MARCO SIMONS: Claro. Pero primero quiero recordar que es correcto que Eric Holder estuvo al frente de la defensa de Chiquita en este caso, así como en las negociaciones con el Departamento de Justicia para una declaración de culpabilidad. Sin embargo, no tenemos ninguna razón para creer que eso afectó el curso del litigio una vez que fue designado como fiscal general. Es interesante que hablemos sobre este caso justo después del de Hunter Biden, porque creo que ambos demuestran que cuando el sistema de justicia en Estados Unidos funciona, puede funcionar de manera imparcial.

Entonces, este caso… lo que este caso muestra esencialmente es que el veredicto de este jurado es una señal para las corporaciones de EE.UU. de que no pueden tratar la vida de las personas en los países en los que trabajan como el precio de hacer negocios en esos países. Y eso es lo que Chiquita hizo aquí. Básicamente trataban sus pagos, que alimentaron el conflicto armado en Colombia, como el precio de hacer negocios, similar a cualquier otro coste que trataran de manejar para producir bananos al menor precio posible. Y eso llevó a las muertes de miles de personas, incluyendo a los demandantes de este caso. Y, desafortunadamente, el dinero que se ha ordenado pagar en este caso jamás traerá esas vidas de regreso. Todavía estamos hablando de los horribles abusos cometidos y, en última instancia, no hay nada que se pueda hacer para enmendar eso. Pero el dinero es importante, porque ese es el lenguaje que hablan las corporaciones. Y entonces, si están haciendo cálculos sobre el coste de hacer negocios, deben tener en cuenta el precio de ser responsabilizados por sus acciones. Y si Chiquita trató esto como el coste de hacer negocios, entonces no evaluaron esos costes muy bien, porque ahora se exponen a tener que pagar, posiblemente, miles de millones de dólares por sus decisiones en Colombia. Entonces, esperamos que si algo bueno sale de esto, sea que otras corporaciones, así como la misma Chiquita, no tomarán en el futuro las mismas decisiones de tratar la vida de las personas en los países en los que operan como el precio de hacer negocios.

JUAN GONZÁLEZ: Y, Marco, para aquellas personas entre nuestros televidentes y oyentes que no están familiarizados con la historia reciente de Colombia, ¿podría hablar sobre quiénes eran las Autodefensas Unidas, el grupo armado al cual Chiquita le estaba pagando, y también por qué no fueron procesados en la propia Colombia? Estos grupos tuvieron vínculos con varios presidentes de Colombia en los años posteriores.

MARCO SIMONS: Sí. Las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como las AUC, fue un violento grupo paramilitar que operó aproximadamente entre 1997 y 2006 en Colombia. Así que si tienes alguna idea sobre escuadrones de la muerte en Colombia, esta es la gente en la que estás pensando. Ahora, Colombia ha estado inmersa en un conflicto armado prolongado durante muchas décadas, en el cual han actuado grupos guerrilleros de izquierda que en su momento trataron de derrocar al Gobierno colombiano, muchos de los cuales ahora se han desmovilizado y han entregado sus armas. Sin embargo, durante los periodos más sangrientos de este conflicto, las AUC surgieron como un grupo paramilitar para luchar contra las guerrillas, usando, básicamente, tácticas que eran aún más violentas que las de los guerrilleros.

Y Chiquita lo sabía. No niegan que supieran eso y, de hecho, lo aceptaron plenamente, porque dicen que es por eso que temían tanto a las AUC, y por eso tuvieron que hacer estos pagos. Así que tenían pleno conocimiento de la brutalidad de las AUC, y de su responsabilidad en muchas masacres y de las formas horribles en que mataban a la gente.

Y no se limitaban a atacar a los guerrilleros. Las AUC atacaban esencialmente a cualquiera que consideraran simpatizante de la izquierda, ya fueran sindicalistas, políticos, cualquier persona que consideraran simpatizante de la guerrilla, y, de hecho, cualquiera que alterara el orden social. Las AUC eran bien conocidas por sus operativos de limpieza social, en otras cosas. Y algunas de las víctimas en estos casos también fueron asesinadas simplemente porque las confundieron o debido a conflictos con miembros de las AUC, que esencialmente operaron con impunidad durante años en las zonas rurales de Colombia.

Entonces, este fue el peor periodo del conflicto civil colombiano, cuando las AUC decidieron que tenían que luchar contra la guerrilla, básicamente protegiendo los intereses de las corporaciones y de los propietarios de tierras en Colombia, usando tácticas que eran aún más violentas que las tácticas de los guerrilleros. Las AUC tuvieron sus inicios en algunas partes de Colombia, especialmente en la región bananera, a través del financiamiento por parte de agricultores bananeros y ganaderos. Así que era una organización creada esencialmente con el fin de defender esos intereses agrícolas. Y Chiquita afirma que había recibido amenazas de las AUC, pero también admitió que, básicamente, ninguno de estos pagos fue resultado de las amenazas de las AUC y que no tenían conocimiento de ningún caso en el que las AUC hubieran usado la violencia contra empresas estadounidenses. Esa no era la gente a la que las AUC estaban atacando.

AMY GOODMAN: Marco Simons, usted fue el abogado principal durante el juicio, y presentó un memorándum de Chiquita escrito a mano en el año 2000 por el abogado interno, Robert Thomas. El memorándum describe cómo las AUC establecieron fachadas legales para recibir los pagos y argumenta que los pagos son necesarios porque la empresa “no puede obtener el mismo nivel de apoyo por parte del Ejército”. El memorándum hace parte de los Papeles de Chiquita del Archivo Nacional de Seguridad y fue obtenido a través de solicitudes en virtud de la Ley de Libertad de Información. Solo tenemos 30 segundos. Hable sobre la importancia de esto y por qué hablan de “N.N.” —las víctimas no son nombradas— y cómo obtendrán el dinero.

MARCO SIMONS: Claro. Solo para aclarar, yo no era el abogado principal. Este fue un esfuerzo de equipo, y nuestra presentación principal fue hecha por el abogado litigante de Florida Jack Scarola. Pero esto fue… Las pruebas en este caso eran muy claras: Chiquita estaba haciendo estos pagos voluntariamente porque creían que estaban recibiendo protección de las Autodefensas contra las guerrillas. Y simplemente no les importaba el coste humano del dinero que estaban pagando para su protección.

AMY GOODMAN: Bueno, vamos a tener que terminar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, Marco Simons, director jurídico de EarthRights International, una organización sin fines de lucro, parte del equipo legal que representó a los demandantes en el caso histórico contra Chiquita. Hasta aquí nuestro programa. Puede hacer clic aquí para ver la cobertura que hemos realizado durante décadas sobre Chiquita.

Democracy Now! es producido por Mike Burke, Renée Feltz, Deena Guzder, Sharif Abdel Kouddous, Messiah Rhodes, Nermeen Shaikh, María Taracena, Tami Woronoff. Soy Amy Goodman, con Juan González, en otra edición de Democracy Now!

Traducido y editado por Igor Moreno Unanua e Iván Hincapié.